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El defensor del pueblo obliga a cambiar el nombre de una calle en Boadilla del Monte

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte procederá “en unas semanas” al cambio de nombre de la calle José Antonio por el de Juan Carlos I después de que el Defensor del Pueblo, en un escrito firmado por su actual titular Francisco Fernández Marugán, ex diputado del PSOE durante casi 30 años, le exija por tercera vez a hacerlo.

Los requerimientos del Defensor del Pueblo amenazan al Consistorio con la retirada de las subvenciones y ayudas del Estado si no procede al cambio de nombre de la calle indicándole además que, tal como dice el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el cumplimiento de la ley no puede demorarse por trámites de instrucción y discusión,  ante la intención del Ayuntamiento de confirmar que este supuesto está incluido en los que marca la Ley de la Memoria Histórica.

Respecto a ello, el Defensor realiza dos consideraciones previas en el sentido de que el “nombre de José Antonio se refiere de forma inequívoca a José Antonio Primo de Rivera” y que, a su juicio, “independientemente de la utilización que con posterioridad a su muerte se hiciera de esta figura política, la persona a la que está dedicada la calle apoyó el alzamiento que dio lugar a la Guerra Civil”.

El Ayuntamiento durante años ha impedido que el nombre de la calle fuese eliminado a petición de la oposición en los plenos municipales por “el trastorno y perjuicio económico tanto para los vecinos como para los comerciantes que esta medida causa por lo que supone el cambio de la dirección postal”. Ahora, ante la advertencia legal del Defensor del Pueblo de que no quitar la calle puede conllevar “la retirada de subvenciones o ayudas públicas” el Consistorio se ha doblegado “ya que esto traería unas consecuencias peores y las administraciones, compartan o no el espíritu de las leyes, deben asumir los preceptos legales, aunque no se estén de acuerdo con ellas”.

Antecedentes

El expediente para solicitar el cambio de nombre de la calle José Antonio de Boadilla fue iniciado por Soledad Becerril el pasado mes de julio, dos semanas antes de dejar su cargo y de que lo asumiera en funciones Fernández Marugán y deriva de una queja presentada por un vecino, ante el Ayuntamiento en primera instancia, y ante el propio Defensor posteriormente. La respuesta que el Consistorio ofreció al demandante, que no sirvió a Becerril para desestimar la petición, explicaba que la Fiscalía General del Estado había archivado una denuncia que representantes del PSOE de Boadilla presentaron hace años reclamando el cambio de nombre de la calle. Becerril deducía de este archivo de denuncia únicamente indicaba que “el mantenimiento de tal nomenclatura no constituye un ilícito penal” y no admitió la negativa a cambiar la calle del Ayuntamiento.

Tampoco asumió la argumentación ofrecida por el Consistorio al citado vecino según la cual “en la sesión plenaria extraordinaria de 24 de julio de 2015 se acordó  por mayoría de votos (16 de los 21 concejales del Ayuntamiento) que no procedía ese cambio de denominación” al considerar que ese hecho no impedía que el asunto pudiera volver a tratarse en otro Pleno acordando el modo y el plazo en el que se ha de efectuar ese cambio por mandarlo así la Ley de Memoria Histórica.

Tras rechazar ambas alegaciones, Becerril envió un primer escrito al Ayuntamiento en el que ya advertía de “la retirada de subvenciones o ayudas públicas” por no cumplir con lo previsto en la citada ley.

El 20 de septiembre, antes de que el Consistorio respondiera al primer escrito, recibió un segundo requerimiento de Marugán en el mismo sentido. Tras el recordatorio del nuevo Defensor del Pueblo del documento remitido por su antecesora, el Consistorio respondió que “se cambiaría el nombre de la citada calle por el de Juan Carlos I, rey de España desde noviembre de 1975 hasta junio de 2014, de acuerdo primero con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 y, posteriormente, conforme a la Constitución Española, ratificada por referéndum popular el 6 de diciembre de 1978 y promulgada el 27 de diciembre del mismo año”.

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